El Hecho: En agosto de 2006, el periódico divulgó en primera página una información que asociaba a Carlos Alfonso Potes, Gerente interventor de EMCALI para ese momento, con un hecho de corrupción que parecía escandaloso. Había firmado un contrato de 26 millones de dólares sin licitación. Pocos días después, el funcionario renunciaba, no sin antes haber tenido que soportar un editorial del periódico en donde cuestionaba, además del acto de delincuencia, al directivo porque tenía sobre sus hombros decenas de demandas y fallos para suspenderlo provenientes de la Procuraduría General de la Nación. La semana anterior, esa orden de suspensión fue tumbada por ese mismo despacho en fallo de segunda instancia. En conclusión, el exgerente nunca fue suspendido. Pero El Tiempo, diligente para colocarlo en la picota pública, se olvidó de su ética períodística y optó por desconocer el hecho.
El comentario: Nunca el periódico informó sobre las posiciones de quienes respaldaban el contrato. Y ahora tampoco lo hace sobre el nuevo fallo que deja en limpio el nombre de Potes, aclarando que aún no se ha emitido fallo sobre el contrato de los 26 millones de dólares. Lo triste de este monopolio informativo que ejerce este periódico en Colombia, es que lidera su propio aparato judicial: sanciona y condena cuando quiere, absuelve a quien es de sus afectos.
La recomendación: El Tiempo no cambiará y menos contando entre sus allegados a un Ministro de Estado y al Vicepresidente de la República. Su defensora del lector, una señora que debería estar dedicada, y lo digo respetuosamente, a cuidar su gato en la casa, hace cualquier cosa menos defender al lector. Esa figura aparece implacable cuando al redactor se le olvidó colocar una coma, o escribió mal un nombre. Pero se esconde por completo cuando el periódico comete un error. Además porque en sus páginas, por obvias razones, no hay posibilidad de que el lector replique. En un estilo en el que escribe ella pero habla otra persona (El Defensor dice..), nuestra estimada periodista desconoció todas las comunicaciones que se le escribieron reclamando mayor equilibrio en el tratamiento de la información. En este caso, lo único que vale es el castigo de los lectores, que cada vez deben aguantar más desaciertos en sus páginas.
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El Hecho: Métodos y Sistemas es una compañía colombiana que administra el sistema de recaudo de impuestos en Barranquilla. El exalcalde preso de esa ciudad, Bernardo Hoyos, la ha acusado de tener vínculos con paramilitares. El periódico El Heraldo a su vez, venía informando sobre la situación de la empresa, hasta que un Juez de esa ciudad aceptó una tutela de la empresa, para proteger su buen nombre. Como resultado, este medio no puede volver a mencionar la empresa en sus páginas, por lo menos para hablar de sus líos jurídicos y contractuales. El Tiempo de hoy escribe: "Celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y utilización indebida de información oficial privilegiada son, según la Fiscalía, algunos de los delitos que rodean el negocio que hoy maneja Métodos y Sistemas y que le reporta el 7,5 por ciento del recaudo total de impuestos en el Distrito".
El comentario: Está bien que los medios de comunicación busquen proteger el buen nombre de las empresas y personas. En no pocas ocasiones se han equivocado garrafalmente. Acogen un testimonio como si fuera la verdad relevada y lo convierten en noticia nacional, desprestigiando la gestión de una empresa o de una persona. No está bien que un juez de la República, con argumentos poco convincentes, recurra a esa figura para promover el silencion de la prensa alrededor de este aparentemente escandaloso hecho.
La recomendación: Las tutelas contra los medios de comunicación son una papa caliente. Incómodas para las empresas que las colocan (porque terminan siendo vetadas en las páginas del periódico), incómodas para el juez (porque corre el mismo riesgo si falla en contra del medio) e incómodas para el medio (porque muchas veces reflejan su falta de equilibrio informativo). Sólo cabe pedirle, al juez por un lado, que una cosa es fallar sobre una información divulgada, si se comprueba su falsedad, y otra es censurar las futuras publicaciones. Y también al medio, y a los medios en general, que informen equilibradamente del hecho. Los periodistas, en general, tienen un EGO muy grande y juran que nada ni nadie puede cuestionarlos.
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Los hechos: El Hotel Hilton en Cartagena tiene una piscina en mal estado. Uno de sus ductos, increíblemente traga y ahoga a un niño de ocho años. Durante el incidente, ningún funcionario del hotel aparece para actuar frente a la emergencia, que queda en manos de los familiares y huéspedes que estaban en el hotel en ese momento.
La respuesta: Además de la falta de respuesta operativa para atender la emergencia, a través de su Gerente el Hotel divulga un cínico comunicado en el que manifiesta que en más de dos décadas es el único incidente que se ha presentado, como si la vida humana pudiera valorarse por esas estadísticas.
El comentario: No había plan operativo, y mucho menos un plan de comunicación para responder a la contingencia. No olvidemos que en los hoteles ha sucedido: la muerte de un huésped (por muerte natural, suicidio, asesinato), tragedias como la del niño ahogado, intoxicaciones de algunos de sus huéspedes, entre otras situaciones que hemos leído en periódicos y revistas. Se intentó prohibir el acceso a los medios, la gerencia se escondió ante los requerimientos de los periodistas, manifestaron más preocupación por las estadísticas que por la vida humana. Negligencia y cinismo de la mano, además de falta de preparación.
La recomendación: Todo hotel debe tener un plan de crisis. El Hilton verá afectada su reputación. Como madre de familia, no llevaría a mis hijos a exponerlos a ese grado de negligencia y espero que muchas madres, ante la respuesta dada por el hotel, asuman esa misma posición. Con cabeza fría, deben aceptar su error ante la opinión pública, explicar qué cosas no funcionaron bien, (y exponerse posiblemente a una demanda que inevitablemente vendrá, pero en este caso, por lo menos, no perderían tan gravemente la confianza de sus clientes), informar transparentemente a sus clientes y visitantes, corregir sus protocolos de seguridad y esperar que la ciudadanía no los castigue como hasta ahora se lo merecen.
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